AEK: Garzón –sin pruebas tras 13 meses de persecución- la saca del Sumario 18/98 y levanta la administración judicial.
Información publicada en GARA el 27 de diciembre de 2001.
Garzón desglosa las actuaciones por «defraudación» referidas a
AEK y levanta la administración judicial
Baltasar Garzón ha dictado un auto por el que se inhibe de las actuaciones por «defraudación» referidas a AEK y Galgaraka y a sus responsables, que ya declararon en calidad de imputados. Considera que «las conductas ilícitas que se pueden imputar a los responsables de AEK y Galgaraka identificados en la causa son de carácter económico y fiscal», por lo que remite esta pieza separada a los juzgados de Instrucción de Bilbo, aunque se reserva la investigación sobre una presunta vinculación de ambas entidades con la organización armada ETA. El juez ha ordenado asimismo levantar la administración judicial. Mirari ISASI | BILBO
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dictó el 24 de diciembre un auto judicial a través del cual dispone el desglose de la causa judicial por «defraudación» referida a AEK y Galgaraka, que hasta ahora formaba parte del sumario 18/98 como pieza separada, y su inhibición a favor del Juzgado de Instrucción Decano de Bilbo, que deberá resolver sobre la existencia de delito en la actuación de AEK y Galgaraka y en la de sus responsa- bles y ex miembros imputados en esta pieza.
El auto judicial, al que ha tenido acceso GARA, recuerda que en esta causa se ha investigado, por un lado, a las personas que habiendo estado vinculadas a AEK y Galgaraka, «ostentaban cargos en ellas por su adscripción a ETA-KAS-Ekin y, por tanto, como responsables de ésta en aquellas».
Por otro lado, el magistrado de la Audiencia Nacional mantiene en su auto haber indagado sobre «las irregularidades y actividades delictivas enmarcadas dentro del ámbito de las defraudaciones y, en concreto, a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública».
Garzón ha venido insistiendo en su tesis de que AEK forma parte de las diferentes estructuras que «componen la organización terrorista ETA-KAS-Ekin». De hecho, según fuentes consultadas por GARA, la imputación del juez a la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización de Adultos estaba relacionada con un supuesto fraude de más de mil millones de pesetas a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, cantidad que, según el juez, se «destinó a la financiación de la organización armada».
«Conductas ilícitas»
Garzón señala en su auto que tras la investigación judicial y una vez concretada la presunta acción delictiva al máximo, «se constata que las conductas ilícitas que se pueden imputar a los responsables de AEK y Galgaraka identificados en la causa son de carácter económico y fiscal, al margen añade de la vinculación que eventualmente pueda tener con ETA-KAS-Ekin-AEK, a través de alguno de sus miembros y responsables, como una de las grandes empresas citadas en el ''Proyecto Udaletxe'' de ETA y que seguirá siendo objeto de instrucción en esta causa».
Baltasar Garzón apunta que «las reglas de conexidad del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no pueden dar cobertura en este caso a los delitos de defraudación en sí mismos si no se les conecta con alguno de los delitos de terrorismo o asociación terrorista, como sucede con las relacionadas con Orain y Ardatza SA».
En este sentido, manifiesta que «los indicios acumulados respecto de los responsables de AEK y Galgaraka que, a su vez, no están procesados en esta causa por su vinculación con ETA-KAS-Ekin, deben ser valorados, respecto de los ilícitos estudiados», en el juzgado de instrucción que les corresponda. Cabe señalar que únicamente Juan Mari Mendizabal e Iker Beristain, que en su día tuvieron relación con AEK, están procesados en este sumario matriz, el primero de ellos en relación con Ekin y el segundo, a las empresas contra las que actuó Baltasar Garzón en mayo de 1998.
Así, serán «los indicios acumulados»s respecto a Eduardo Konde, Erramun Osa, Anjel Mari Olalde, Juan Mari Larrarte, Elena Etxalar, Xabier Ugalde, Iñaki Lasa, Olatz Arkotxa, Itxaso Ojeda, Félix Gómez, María Victoria Armendariz y Gotzon Hermosilla los que se remitan a los juzgados de Instrucción de Bilbo. Todos ellos declararon en su día ante Garzón como imputados y fueron puestos en libertad.
En su última resolución, dispone también alzar la administración judicial, lo que había sido solicitado por el propio administrador único nombrado el 5 de junio de 2001 por el juez, por considerar cumplida su misión.
Este remitió en octubre un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 5, informando favorablemente sobre la regularidad económica y financiera de AEK y Galgaraka SL.
Imputación y gestión intervenida judicialmente
El juez Baltasar Garzón ha dedicado a AEK parte de los autos dictados en relación con el sumario 18/98 antes de que hiciera público el texto por el que imputó a catorce miembros de AEK.
* 22 de noviembre de 2000: Auto judicial del juez Baltasar Garzón por el que imputa a catorce miembros de AEK y cinco responsables de la empresa Ardatza SA, anteriormente relacionados con el sumario 18/98, por los presuntos delitos de «integración en organización terrorista», «colaboración con organización terro- rista» y fraude contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública. Garzón situó a AEK en «la estructura criminal de ETA-KAS». Antes de dictar este auto, el juez había dedicado parte de otros textos judiciales del sumario 18/98 a AEK, en los que aseguraba que la Coordinadora «es una de las grandes empresas del ''''Proyecto Udaletxe'''' concebido por ETA-KAS y en el que aparece como una estructura subor- dinada a KAS».
* 23 de noviembre de 2000: AEK niega las imputaciones del juez Garzón. En rueda de prensa en Bilbo afirma que «no tiene ninguna relación con ETA ni con ninguna organización que no tenga relación con su actividad pública, la enseñanza y promoción del euskara». Desmintió además haber cometido un fraude de 1.150 millones de pesetas, al tiempo que indicó que había cumplido los compromisos acordados con el Gobierno de Lakua en 1995, extremo que confirmó el Ejecutivo autonómico. La Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización de Adultos enmarcó el auto en la «campaña de criminalización de AEK y de la enseñanza del euskara».
* 28 de noviembre de 2000: El Consejo de los Organismos Sociales del Euskara, Kontseilua, valora el auto como «una agresión al mundo del euskara», así como «un intento de criminalizar las diferentes actividades que se realizan en pro de nuestra len- gua». Tras reunirse en asamblea extraordinaria, abogó por «un acuerdo político amplio en favor del euskara».
* 22 de diciembre de 2000: Finaliza la toma de declaraciones. Todos los inculpados de AEK se encuentran en libertad sin que el juez Baltasar Garzón adoptara medidas cautelares contra ellos.
* 5 de junio de 2001: El juez Garzón ordena que un administrador judicial designado a instancia suya gestione «en exclusiva» AEK y Galgaraka, al considerar que «el entorpecimiento de la labor del administrador judicial por parte de los imputados que ejercen responsabilidades orgánicas» en ambas entidades «hace insostenible el actual estado de cosas».
* Noviembre de 2001: El administrador judicial único remite un escrito a la Audiencia Nacional informando favorablemente sobre la regularidad económica y financiera de AEK y Galgaraka. La Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización de Adultos subraya que «la consecuencia inmediata debería ser el archivo del proceso. Eso es lo que dicta la lógica».
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